FUNDACIÓN
DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
(FUNDEIMES)
TÍTULO:
EMPLEO DE
LAS FUERZAS ARMADAS EN FUNCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL, PÚBLICA O CIUDADANA
III PARTE
AUTOR:
POR: CAPITÁN DE FRAGATA, ELVIS A. ABREU ENCARNACIÓN, A.R.D.,
(DEMN)
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA,
DISTRITO NACIONAL.
AÑO 2014
·
Vinculación entre
Seguridad Ciudadana y Pública.
Al ser la seguridad
ciudadana una percepción unipersonal en la que el ciudadano ve su
situación política, social y legal
efectivamente garantizados para el pleno disfrute de sus derechos, en el
entendido de que el Estado es el llamado a defender y proteger su vida, su
libertad, su integridad y bienestar personal; mientras, que la seguridad
pública es considerada el servicio que debe prestar el gobierno a través del
sus agencias e instancias correspondientes, a fin de garantizar ese estado de
percepción del ciudadano, es así como ambos conceptos son vinculantes.
En tal sentido, (Sandoval
F. (2006) Pág.125) “la seguridad es un bien público de la más alta estima
social y por ello, es tarea esencial, definitiva y concluyente del Estado
moderno”.
Antes de continuar, se considera
pertinente resaltar, que el marco legal del Estado y sus instrumentos para
impartir justicia y prevenir el delito, son el punto de referencia indiscutible
para preservar la seguridad pública y jurídica, como lo es la estabilidad política para la
garantía del estado de derecho, se ha observado a través de la historia dos
maneras de visualizar el problema de la seguridad:
a)
El
primero, parte del modo autoritario de gobierno, donde no se respetan los derechos
fundamentales del individuo.
b)
El segundo incluye el sistema democrático de
derecho, teniendo como desafío permanente, la natural e inevitable tensión
entre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad
en todos los órdenes.
·
La
Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina y El Caribe.
La Seguridad Pública y Ciudadana
en América Latina y El Caribe, ha tenido matices muy parecidos en todos los
países de la región, donde el común denominador que se ha encargado de su
debilitamiento han sido la desigualdad social, la violencia por factores
políticos y el crimen organizado.
El
origen de la violencia y la inseguridad en América Latina y El Caribe
históricamente han tenido varias causas y matices, tanto exógenos como
endógenos, en siglo XIX el proceso de descolonización fue el evento precursor
de la violencia y la inseguridad en esta región, pero vemos como a partir del
siglo XX en sus inicios, la principal causa de violencia e inseguridad, lo
fueron las luchas políticas internas, donde los caudillos se sucedían en el
poder por medios violentos trayendo en muchos casos como consecuencia a sus
respectivos países el fenómeno de la intervención armada por otro país.
Finalizada la II Guerra Mundial,
después de los acuerdos de Yalta y Potsdam en 1945, se inicia el periodo que
históricamente recordamos como La Guerra Fría[1], en este periodo vemos
como factores exógenos inciden en la violencia tanto del Estado hacia la
población como de parte de esa misma población hacia sus Gobiernos creando esta
situación un sentimiento de inseguridad general en las poblaciones.
El factor ideológico, fue
el caldo de cultivo para que dentro del marco de la guerra fría la violencia se
esparciera por la región de forma virulenta, afectando la sociedad en todo su
contexto, esta guerra ideológica basada en la lucha entre el comunismo y el
capitalismo, dividió las naciones latinoamericanas y caribeñas, marcando
heridas tan profundas que su proceso de curación ha sido lento y tortuoso, de
manera tal que hoy en día, los actores que protagonizan el escenario político
regional están influenciados por este proceso heredando de esa época represiva
cierta desconfianza y resquemor por sus fuerzas armadas.
Dentro del mismo contexto
de la Guerra Fría, surgen la lucha por las reivindicaciones sociales y los
derechos humanos, lo que convulsionó aun más este periodo. Con la caída del
Muro de Berlín el 29 de noviembre de 1989, acto que simboliza el inicio del
final de la llamada Guerra Fría, surgen elementos que sin ser verdaderamente
nuevos toman preponderancia y vienen a alimentar el estado de inseguridad
ciudadana y pública en América Latina y El Caribe.
En relación a esos “nuevos
elementos” que se mencionan en el párrafo anterior, tenemos que en consonancia
con la política de defensa regional establecida por los centros hegemónicos de
poder en la región, el terrorismo y el
crimen organizado son los principales protagonistas de lo que desde ese momento
se llamarán las nuevas amenazas o amenazas de nuevo orden, estos resaltan ser
los principales flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social de
los Latinoamericanos y Caribeños.
Según Gabriel Aguilera
Peralta en su artículo Violencia y Sociedad Civil en América Latina y El Caribe;
Logros y desafíos, (Pensamiento propio, (2007), CRIES Pag.11) dice: “La Agenda de
Seguridad en América Latina y el Caribe, se ha modificado sustancialmente en la
última década”
A
lo que se interpreta de lo expresado por Aguilera, es que fruto del surgimiento
de estas “nuevas amenazas”, los Estados en el subcontinente se han visto en la
necesidad de buscar alternativas locales y regionales para enfrentar y prevenir
las acciones del crimen organizado en el área como también el peligro latente
que entraña el terrorismo.
El
fin de la guerra fría trajo como parte del nuevo esquema mundial la instauración
de la globalización y con este proceso el crimen tomo matices internacionales,
operando bajo un esquema organizado donde las mafias extendieron sus
operaciones a niveles antes impensables y creando un círculo vicioso criminal
con un espectro operacional orientado a todos los medios lícitos e ilícitos de
enriquecimiento.
Se
puede apreciar en este círculo criminal como los diferentes niveles del crimen
se suceden unos con otros, como elemento de análisis a los fines de este
estudio se tomará el narcotráfico con la Republica de Colombia como
delimitación geográfica y su proyección en la región.
El narco delito para
subsistir, fomenta y se alimenta de muchas otras actividades delictivas y lo
hace desde su mismo inicio incentivando a los campesinos a dejar de cultivar
sus rubros tradicionales e iniciar la siembra ilegal de la planta de coca ya
que este cultivo les garantiza mejores ingresos que los cultivos tradicionales
sin importarles entrar en conflicto con la ley.
Una
vez la materia prima (hoja de coca) está cosechada, inicia el proceso químico
de extracción del alcaloide, este paso requiere de otra cadena de ilegalidades
como lo es el contrabando de los precursores químicos, los cuales desde su
origen hasta su destino final van dejando una estela de delitos como sobornos,
falsificaciones, contrabando y blanqueo de activos.
Durante
este proceso específicamente en Colombia se involucran la guerrilla y las
Autodefensas (AUC) en ocasiones en la producción y en otras en la protección de
los laboratorios y las rutas, así se integra un nuevo elemento delictivo, el
terror, la justicia colombiana define a estos grupos armados que operan al
margen de la ley como Bandas Criminales “BACRIM” y terroristas y estos utilizan
el narcotráfico para el financiamiento de sus actos ilícitos.
El
narcotráfico encierra en su modus operandi el asesinato, el contrabando, el
terrorismo, el blanqueo de activos, la extorción, fomenta la corrupción de las
instituciones del estado, inclusive en algunos niveles tiene vínculos con otros
delitos como la trata de personas, la pornografía en todos sus ámbitos y el
contrabando de armas, por esta razón Colombia le ha denominado como
narcoterrorismo fruto de su vinculación.
Con una vista rápida al
narcoterrorismo colombiano, según lo denominan sus leyes, vemos como este
delito se ha globalizado de forma efectiva. (Gabriel Aguilera (2007), Violencia
y sociedad civil en América Latina y el
Caribe. Logros y desafíos, P-10) indica:
“El comercio ilícito de drogas narcóticas y
todas las actividades igualmente ilegales derivadas o periféricas a ese
ejercicio delictual, representan la peor manifestación del crimen organizado,
debido a que la magnitud de los recursos financieros de que disponen las bandas
de narcotraficantes, les permite no solamente desafiar seriamente la autoridad
del Estado, sino inclusive infiltrarlo, creando el fenómeno denominado del
“poder paralelo” o “doble poder”.
Para realizar un análisis
al fenómeno del crimen organizado y sus consecuencias en la región es preciso
hacerlo en forma segmentada y en orden secuencial acorde con los países y
regiones que presentan un índice apreciable en materia de criminalidad y
violencia.
·
Colombia, Crimen
Organizado y El Plan Colombia.
Hacia finales de la década
del 50 (siglo XX) existía en Colombia la presencia de grupos armados al margen
de la ley, los cuales fueron reductos de los movimientos políticos bajo las
armas que al final del conflicto no se desmovilizaron, estos fueron denominados
por las autoridades como Bandas Criminales “Bacrim”,
las cuales representaban una amenaza para la Seguridad Pública y Ciudadana,
estas bandas fueron rápidamente desmanteladas para la década del 60, estos
grupos llamados “Bacrim” habían sido
totalmente desarticuladas fruto de la persecución estatal mediante operaciones
de eliminación de blancos de alto valor estratégico, o sea, el descabezamiento
de las organizaciones a través de la eliminación de sus líderes.
Como se explica a continuación
(Mauricio Romero y Angélica Arias (2010)
en su estudio, (Los herederos de las “AUC” {Autodefensas Colombianas},
la geografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles, Pág. 3) “En
ese entonces la posibilidad de extraer rentas de actividades económicas legales
o ilegales era escasa. Bien porque no existía el narcotráfico, la capacidad
para obtener rentas por la fuerza era baja, y por tanto las posibilidades de
corrupción de los agentes estatales era exigua”.
De igual manera en que se
cita en el párrafo anterior la inexistencia de fuentes de financiamiento fuerte
ya sea de forma legal o ilegal llevaron estos grupos denominados “Bacrim” a su
extinción una vez fueron eliminados sus cabecillas, este no es el caso de los
grupos delincuenciales que operan actualmente en Colombia.
El Estado colombiano ha
denominado actualmente a los grupos armados, reductos de las Fuerzas de
Autodefensa Colombianos (AUC) que operan al margen de la ley como “BACRIM” en
una alusión a las anteriormente citadas en el párrafo anterior.
Desde la óptica actual es
importante que el Estado colombiano no observe el fenómeno actual desde la
óptica las “BACRIM” de los años 50 Y 60 ya que la realidad del narcotráfico y
el desarrollo tecnológico e industrial son totalmente diferentes, lo que le
brinda a estos grupos armados al margen de la ley un amplio espectro de
financiamiento y razón de existir.
Entonces, en relación a lo
anteriormente señalado (Romero y Arias (2010), Página 3), dicen “El término
Bacrim asignado por el gobierno del presidente Uribe (2002- 2010) para nombrar
a los grupos responsables de la violencia en la ilegalidad en los antiguos
dominios de las AUC, es muy limitado y el gobierno debería reformularlo”.
A partir de 2000 Colombia
inició un agresivo plan para perseguir y destruir las organizaciones criminales
en su territorio este plan ha tenido el apoyo logístico de los Estados Unidos
de Norteamérica y se le denominó Plan Colombia.
Previo a la aplicación de
este plan cabe resaltar de forma breve el desarrollo del narcotráfico en
Colombia y la política de del Estado colombiano frente a los requerimientos de
los Estados Unidos frente al fenómeno en crecimiento y su política de ayuda.
Para inicios de la década
de los setenta el Estado colombiano maneja el tema del narcotráfico con cierta
autonomía tanto en las operaciones como en las políticas de prevención
erradicación y persecución del delito, ya que el contexto político colombiano y
su importancia para la comunidad internacional no estaba ligado a la
problemática del narco por muchas razones, una de estas es que Colombia dentro
del contexto de la guerra fría era un valioso aliado de los Estados Unidos en
su lucha contra las fuerzas del comunismo.
Otro factor es que Colombia
durante esa época no era el principal productor y exportador de drogas hacia
los Estados Unidos, de tal manera que el Estado colombiano mantenía una tímida
política anti-drogas realizando operaciones de destrucción manual de
plantaciones de marihuana mientras que la posición de Washington era la
erradicación de cultivos mediante la fumigación con agentes químicos
defoliantes.
Esta discrecionalidad en el
manejo de las políticas antidrogas que tenía el gobierno colombiano cambio
cuando en 1978 Colombia se convirtió en el principal productor y exportador de
marihuana hacia los Estados Unidos, ya que “de 100,000 toneladas introducidas a
territorio norteamericano para esa fecha, entre el 60% y el 65% de ésta era
responsabilidad de narcotraficantes colombianos”[2].
El evento citado en el
párrafo anterior sucedió concomitantemente con la ascensión a la presidencia de
la República del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982)[3], desde este momento el
Gobierno colombiano empezó a recibir las presiones de Washington, a fin de que
se iniciara la erradicación de cultivos por medio de fumigación química fruto
del éxito obtenido en operaciones llevadas a cabo en México (Operación Cóndor)
y Jamaica (Operación Bucanero). La Operación Cóndor puesta en ejecución en
México dejo como resultado la disminución de la exportación de marihuana
mexicana a Estados Unidos desde un 35% a un 10%, cultivada en un área de 25.000 a 30.000
hectáreas de la geografía nacional colombiana[4].
La respuesta del presidente
Turbay a las presiones ejercidas por Washington para que robusteciera la lucha
anti-drogas, fue militarizar las operaciones involucrando las Fuerzas Militares
Colombianas mediante la Operación Fulminante,
esta operación se ejecutó en el área de la Guajira y ocupó un total de 10,000
soldados, la puesta en ejecución de esta operación disuadió de forma temporal a
los EE.UU. de su intención de que Colombia ejecutara la fumigación masiva de
cultivos con agentes químicos, la resistencia del gobierno colombiano a
ejecutar las fumigaciones era que los agentes que se debían utilizar eran
altamente nocivos a la salud y al medio ambiente, (Paraquat)[5]
Fruto de la iniciativa de la puesta en
ejecución de esta operación y de la posterior complacencia del Estado
colombiano a los requerimientos de erradicación de las plantaciones de
marihuana, coca y amapola por medios de fumigación química que realizaba los
EE.UU. trajo como resultado un mayor apoyo logístico por parte de Washington a
la guerra antidrogas colombiana, cabe resaltar que las operaciones de
fumigación fueron muy reducidas, por el temor del gobierno a las consecuencias
de impacto negativo al medio ambiente.
En marzo de 1979 el Subcomité de
Relaciones Hemisféricas de la Cámara de Representantes en Washington aprobó una
enmienda para aumentar la ayuda económica a Colombia para combatir el tráfico
de drogas. En 1984 fruto del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara
Bonilla, el gobierno envió una respuesta contundente a los carteles de la
droga, aprobó la iniciativa de la fumigación masiva de las plantaciones de
amapola, coca y marihuana con productos químicos defoliantes y la extradición
de ciudadanos colombianos a los EE.UU., es aquí donde comienza una guerra
sangrienta basada en el terrorismo, que bañará de sangre la sociedad
colombiana.
A raíz de los estragos causados por
esa sangrienta guerra el Estado colombiano se embarco en el proyecto de nación
llamado “Plan Colombia” e cual llevaría a cabo una reestructuración del
espectro gubernamental en todos los órdenes, para lo cual se plantearon 10
estrategias:
1) Estrategia Económica.
2) Estrategia Fiscal.
3) Estrategia para la Paz.
4) Estrategia para la Defensa
Nacional.
5) Estrategia judicial y de
Derechos Humanos.
6) Estrategia Antinarcóticos y
Crimen Organizado.
7) Estrategia Para el Desarrollo
Alternativo.
8) Estrategia de Participación
Social y Concientización Colectiva.
9) Estrategia para el Desarrollo
Humano.
10) Estrategia de Orientación
Internacional para Confirmar los Principios de Corresponsabilidad ante el
Problema de la Droga.
Estos 10 pilares en los cuales se basa
el Plan Colombia nos dan una perspectiva de la ambición de este proyecto, ya
que está orientado a transformar la estructura del Estado en todos los ámbitos
pasando desde el Económico, Social Internacional y de la Seguridad y Defensa, siendo
las Fuerzas Militares, Policiales y el Poder Judicial elementos importantes del
Estado que fueron especialmente reforzados a través de este plan a fin de
cimentar la lucha contra estos grupos delictivos, a sabiendas de que estos son
elementos preponderantes para ganar la guerra contra el crimen organizado y los
grupos armados que operan al margen de la legalidad.
El Plan Colombia ha tenido
sus conquistas en todos los órdenes en que se ha aplicado teniendo mayor éxito
en las seis primeras estrategias enumeradas anteriormente siendo los más
destacados la guerra contra el narcotráfico, la persecución de los grupos
guerrilleros y el reforzamiento de las
instituciones militares, policiales y judiciales, ya que antes de la
implementación del plan los grupos criminales encabezados por los Carteles de
la Droga, las Autodefensas Colombianas (AUC)
y los Grupos Guerrilleros habían sumido a Colombia en un mar de sangre y
violencia con un saldo social negativo que ponía al gobierno colombiano y a la
sociedad en desventaja frente a estos grupos criminales.
El relativo éxito de este plan queda plasmado en las estadísticas
presentadas por el Boletín TERRA
Consultores, Estadísticas Delitos de Mayor Impacto Social en Colombia
2000-2013, en este estudio estadístico se presentan los porcentajes por año del
índice criminal en Colombia a partir de la implementación del referido plan, ya
que estás presentan una disminución escalonada año tras año de los índices
delictivos tanto en materia de delito común como en el ámbito del crimen
organizado y de actos terroristas llevados a cabo por los grupos armado al
margen de la ley.
Cuadro
02.
A pesar de que estas
estadísticas están realizadas en base a las denuncias recibidas por las
agencias gubernamentales colombianas de ejecución de la ley, lo cual no
representaría una totalidad de los casos perpetrados por diversas razones, son
una muestra oficial de la efectividad del Plan Colombia.
Cuando se refiere a que
estas estadísticas no presentarían el total de los casos es debido a que las
bandas criminales ejercen en base al terror una gran influencia en la sociedad
lo que crea una coacción inducida en la sociedad
En tal sentido Romero y
Arias en la página 9 de su referido estudio establecen las razones por lo que
las estadísticas del estado no se apegan en un sentido amplio a la realidad que
existe actualmente en relación a la narco delincuencia y sus efectos en la
sociedad:
“Otro apremiante reto
tiene que ver con la información sobre las acciones de los neoparamilitares y
grupos afines. Hay una enorme tendencia al subregistro y a que sus acciones
sean invisibles para el público y las autoridades. Una razón es que las
actividades de estos grupos están dirigidas principalmente en contra de
comunidades, colectivos o individuos. Su fin no es enfrentar al Estado, sino controlar
territorio y los flujos de bienes, personas e información, ideas que se dan en
él, y para esto se necesita vigilar y constreñir a la sociedad. Y si no hay
denuncia sobre la coacción y violencia no queda constancia del hecho. Es como
si no hubiera existido. Y aquí hay un problema serio porque la tendencia de los
afectados es a no denunciar por desconfianza frente a las autoridades competentes
o por físico miedo a represalias de los agresores”.
A pesar de lo expuesto
anteriormente la muestra oficial es un reflejo real de la efectividad de las
acciones estatales en el marco del Plan Colombia en pos de la persecución y
judicialización de los actos criminales ya que las mismas acciones coercitivas
hacia la sociedad estaban presentes tanto en el 2000 como en el 2013.
En torno a la ejecución del
Plan Colombia, las Fuerzas Militares Colombianas junto a los cuerpos policiales
y al Poder judicial han sido la columna vertebral que ha mantenido erguido el esfuerzo
gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, siendo estas las
responsables de llevar sobre sus hombros la responsabilidad del mayor porcentaje
de las operaciones de alto nivel, aportando a la causa vidas y recursos logísticos
como ninguna otra institución, lo que demuestra que el uso de las Fuerzas
Armadas en operaciones de Seguridad Pública y Ciudadana son un fenómeno
regional y no exclusivo de Republica Dominicana.
·
Centroamérica
y el Fenómeno del Pandillerismo.
Los países de Centroamérica tienen una cosa en
común, Todos están aquejados en diferentes niveles por el crimen organizado, esto
sumado a los aspectos del subdesarrollo, pone a estos Estados en posición frágil,
debido a factores socioeconómicos resultantes de ingresos económicos pírricos y
desiguales, pobreza extrema, hacinamiento urbano, una alta población joven con
bajos niveles de educación y escasas posibilidades de empleo, fácil acceso a
armas de fuego producto de un ambiente inestable, herencia de pasados conflictos
armados internos. Estos factores sociales son caldo de cultivo para la
proliferación de mafias y grupos vandálicos que aterrorizan la sociedad y
alejan a los inversionistas provocando la fuga de capitales y de las personas investidas
de altos niveles de conocimiento y educación, aspectos que son un elemento
esencial para el desarrollo.
La hibridación sufrida por
el Crimen Organizado y el fenómeno de las Maras[6] ha convertido a Centroamérica
en uno de las regiones más violentas del mundo. El tráfico de drogas esta
directamente asociado con la proliferación de pandillas juveniles en la región,
En varios países de Centroamérica, especialmente en El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua, se considera que esos grupos (Maras Salvatrucha y Mara
18) son una de las causas fundamentales del problema de la delincuencia local y
las estrategias más importantes en contra del crimen dependen de su
erradicación.
En tal sentido Gastón
Hernán en su artículo Conflicto y Violencia en América Latina, Estado Vs.
Crimen Organizado, de la publicación Pensamiento Propio “Recoge las
estadísticas disponibles de la Organización Panamericana de la Salud (Situación
de salud en las Américas, Indicadores básicos, 2005) “América Latina y el
Caribe exhiben una tasa de 25,1 homicidios por cada 100.000 habitantes[...],
por encima de la tasa de 22,1 verificada en África en 2003 por la Organización
Mundial de la Salud (Informe mundial sobre violencia y salud) y del promedio
mundial de 8,8”.
Estadísticas sobre Pandillas y sus Miembros
Nacionales:
Tabla
01
|
País
|
Cantidad de miembros
|
|
Belice
|
100
|
|
Panamá
|
1385
|
|
Costa Rica
|
2660
|
|
Nicaragua
|
4500
|
|
El Salvador
|
10,500
|
|
Guatemala
|
14,000
|
|
Honduras
|
36,000
|
|
Total
|
69,145
|
Fuente: Conflicto y Violencia en
América Latina, Estado Vs. Crimen Organizado (2007)
En relación al origen de
las pandillas La Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en
su estudio Crimen y Desarrollo en Centroamérica (ONU 2007) describen en su página
19 del resumen ejecutivo lo siguiente:
“Un ejemplo
excelente de este proceso es el de los refugiados de Centroamérica radicados en
los barrios marginales hispanos del sur de California durante el decenio de
1980. Los jóvenes salvadoreños, convertidos en blanco de las pandillas locales,
formaron la pandilla "Mara Salvatrucha", una de las pandillas
callejeras más extensas y notorias que funcionan actualmente en el hemisferio
occidental. El campo de acción de Mara Salvatrucha se extendió a El Salvador y
a toda la Centroamérica cuando algunos de sus miembros fueron condenados a
prisión y luego repatriados una vez que cumplieron sus penas”.
Es una percepción
generalizada de los países afectados por las deportaciones de sus
ciudadanos desde los Estados Unidos por
razones de índole delincuencial, que el índice de criminalidad en los mismos se
ha disparado gracias a que estos ciudadanos deportados, los cuales a su parecer
vienen con una conducta delictiva formada en los EE.UU. y al llegar a su país
de origen sirven de ente multiplicador de estas inconductas, trayendo como
resultado el actual estado de inseguridad y criminalidad que vive América Latina.
En otro aspecto (ONU-2007),
el referido estudio de la oficina contra la droga y el delito explica que:
“La
situación delictiva en Centroamérica es un resultado de todos estos puntos de
vulnerabilidad, junto con un hecho geográfico desafortunado: Centroamérica se
ubica entre los productores mundiales de cocaína (Colombia, Perú, y Bolivia) y
sus consumidores primarios (los Estados Unidos y Europa). Como resultado, la
delincuencia en Centroamérica se distingue de la delincuencia en otras regiones
del mundo, en al menos dos aspectos: su exposición a los flujos de drogas y al
nivel de violencia en sus sociedades”, ibíd.
Para combatir el flagelo
del pandillerismo, los gobiernos centroamericanos han utilizado sus Fuerzas
Armadas, un ejemplo de este empleo es el que se observa en El Salvador donde se
aplicó los planes “Plan Mano Dura” y el “Plan Súper Mano Dura”[7] donde se ejecutó el
despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de patrullaje conjuntamente
con la Policía Nacional, para combatir las acciones de la delincuencia común y
a la desarticulación de las pandillas.
Existen voces disidentes
que no están de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de seguridad pública y ciudadana, los cuales a su opinión estas
vienen a convertirse en parte del problema una vez inmiscuidas en estas tareas
propias de las corporaciones policiales, según estas voces disidentes la
formación y el entrenamiento de las fuerzas militares las invalida para ejercer
estos roles.
Según
Melissa Salgado investigadora docente del Departamento de Economía, Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (Salgado 2009) plantea que:
“Una vez implementado el Plan Mano Dura, el impacto
más inmediato fue el repunte de los homicidios en El Salvador que se da a partir
del año 2004, año que presentó una tasa de crecimiento de 22.8% con respecto al
año anterior y una tasa de homicidios que se posicionó en 51.1 por cien mil
habitantes. Desde ese año, se registran entre 8 y 12 homicidios diarios.
Asimismo, se resalta que el año 2009 se ubica como el más violento registrado
en décadas, con una tasa de homicidio de 70.4, es preciso resaltar que el
crecimiento acelerado de los homicidios coincide exactamente con la aplicación
de los planes de seguridad pública”.
Según explica el
periodista Leopoldo E. Colmenares G. en su artículo “Las Fuerzas Armadas Y La Lucha Contra El
Crimen Organizado En Centroamérica”, éste dijo: “En Guatemala, motivado al amplio grado de infiltración de la Policía
Nacional Civil por parte del crimen organizado, el gobierno se ha visto
obligado a emplear a sus fuerzas militares para apoyar a las fuerzas de
seguridad pública, en Honduras el caso es similar: las Fuerzas Armadas prestan
su apoyo en las actividades de seguridad pública”[8].
Se observa que la
introducción de las Fuerzas Militares en funciones de Seguridad Pública y Ciudadana
tiene voces a favor y en contra, pero no deja de ser una realidad en la región
latinoamericana.
·
Plan de Seguridad
Democrática República Dominicana.
Independientemente del hecho de que se haya producido o no un aumento en la
criminalidad real, o que el problema lo cause la aparición de nuevas formas de
criminalidad, lo cierto es, que el tema de la violencia representa un asunto
que ha generado en la sociedad dominicana una sensación de inseguridad que
atenta contra la paz en la ciudadanía.
Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, resalta el hecho,
de que en febrero del año 2005, durante su período presidencial el Dr. Leonel
Fernández Reyna, estableció una política que tiene como propósito garantizar
adecuadamente la seguridad ciudadana sobre la base del respeto a los principios
democráticos.
Por esta razón, queda
claro que el cumplimiento de la atribución determinada, que le es conferida a la
Procuraduría General de la República por el Estatuto del Ministerio Público, en
su Artículo 47, numeral 5, conforme le corresponde “Dirigir la política del Estado contra la criminalidad, en coordinación
con los lineamientos trazados a tales fines por el Poder Ejecutivo”,
el Procurador General de la República dio inicio a la preparación del Plan
Estratégico de Política Criminal para República Dominicana, (PSDRD).
En el mismo se definen las líneas centrales de la política del Estado
frente a los conflictos penalmente relevantes que suceden en este país,
conjuntamente con las instituciones que inciden en el fenómeno, tanto en el
ámbito de la prevención como en el de la persecución.
El Plan de Seguridad Democrática de República Dominicana, (PSDRD), propone
entre otras cosas, el fortalecimiento institucional de
la Policía Nacional, la creación de la Policía Comunitaria, el adiestramiento
de las agencias para la persecución del crimen en técnicas investigativas y de
respeto a la dignidad de los derechos ciudadanos como también a las Fuerzas
Armadas en situaciones especiales.
Además de una estrategia de comunicación que contribuirá, entre otras
cosas, a cambiar la percepción negativa de la ciudadanía respecto a la gestión
policial, en dicho documento se plantea que en un contexto democrático, la
seguridad pública o seguridad ciudadana debe entenderse como una situación
social y política donde las personas tienen legal y efectivamente garantizado
todos los derechos que les asisten.
Esto sugiere condiciones
sociales donde los peligros y conflictos se prevengan, inspeccionen y gestionen
en forma satisfactoria y donde exista un pleno y real bienestar de los
derechos, libertades y garantías constitucionales.
Por ende, supone establecer
políticas y dispositivos institucionales eficientes para prevenir, controlar y
neutralizar aquellos riesgos, peligros o conflictos concretos o previsibles que
lesionen aquella libertad o goce pleno de esos derechos, libertades y
garantías.
Cabe destacar como parte del contexto
señalado, que las líneas de acción del Plan de Seguridad Democrática de República
Dominicana, acuerda la creación de una Policía Comunitaria.
·
Amenazas a la
Seguridad Ciudadana en República Dominicana.
Entre las fuentes
consultadas para fines de investigación, cabe destacar que el auge de la
violencia, no es un fenómeno social-económico-político, exclusivo de República
Dominicana, sino que se verifica en otros países de América Latina. (Martínez
Ricardo; 2010, Página 23), quedando en evidencia, a través de lo planteado en
toda la extensión de esta investigación, y que a pesar de las alarmas y las
voces desesperadas, la situación demanda una adecuada respuesta, basada en el
análisis científico de la situación.
Para reforzar lo planteado
en párrafos previos, se presentan los resultados obtenidos por las encuestas
DEMOS del año 2004 y LAPOP de 2006, donde se comprueba que el 79 % de los
ciudadanos dominicanos dijeron sentirse inseguros en sus hogares o fuera de
ellos.
Reflejando dicha estadística,
que la extensión, complejidad de la criminalidad y la violencia han sido
fenómenos recurrentes a lo largo de la última década en República Dominicana,
corroborado por las estadísticas disponibles en la Policía Nacional y la
Procuraduría General, resaltando que en República Dominicana la tasa de muertes
violentas fue 13,9 por cada 100, 000 habitantes.
De acuerdo a la Psicóloga Mayra Brea, (2008:
página 10) a partir del año 2006 la violencia disminuyó considerablemente,
experimentando un nuevo crecimiento durante todo el año 2008, tasa que podría
seguir aumentando hasta superar la alcanzada en el año 2005.
De los datos anteriores, se deduce que hasta
la fecha y en sentido general el plan señalado no ha rendido los resultados
esperados en relación la prevención,
control y persecución del crimen, el delito y la violencia común, resaltando
para apoyar este planteamiento las siguientes
informaciones.
Las estadísticas policiales y forenses dadas
a conocer por la Procuraduría General de la República a través del Instituto
Nacional de Patología Forense (INACIF)
2008 muestran, que a pesar de que muchos homicidios son declarados oficialmente
de naturaleza “desconocida” (un promedio de 16.4%), las riñas (tanto personales
como las producidas en los centros de diversión y por venganza) se encuentran
entre las principales causas de muerte criminal, representando el 28.2% de
todos los crímenes cometidos y de causas conocidas.( Mayra Brea, 2008: página
10).
Se destaca además que el robo y sus afines
ocupan el segundo lugar, alcanzando un promedio de 20 % en los últimos tres
años; las acciones legales policiaco-militares y aquellas muertes que son
ocasionadas “fuera del desempeño de sus funciones” se encuentran en un tercer
lugar con 16.4%, seguidas de las muertes producidas por drogas (10.6%) y
también los femenicidios que logran alcanzar un 6.9% en promedio. (Mayra Brea,
(2008: página 11).
Al comparar la criminalidad
en el último trienio y analizar los datos tal y como son presentados por los
organismos oficiales, se puede apreciar que las riñas logran descender del 2006
al 2008 en un 9% y en esa misma proporción bajan. De igual manera, se destaca
la inobservancia de los crímenes por “causas desconocidas”, suponiendo que lo
anterior se debe a la apertura del nuevo Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), así como la
aplicación del método científico para detectar el móvil de crímenes en el país.
Según datos estadísticos de
la Procuraduría General de la República, aunque las muertes por drogas aumentaron
considerablemente en un 14% del 2006 al 2007, en el 2008 disminuyeron
ligeramente respecto al año anterior; lo mismo acontece con las muertes
provocadas por robos y sus afines, mientras que en acciones legales de la
policía, las muertes se incrementaron en un 2% en el período estudiado,
destacando que los femenicidios se duplicaron respecto al 2006. (Mayra Brea,
2008: página 12).
Es importante señalar, que
estudios realizados en nuestra realidad por el Observatorio Ciudadano del
Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2008, sugieren que las familias de
comunidades empobrecidas son más propensas a enfrentar delitos violentos contra
la persona, mientras que los delitos contra la propiedad (robos y demás)
afectan en cierta medida y mayormente a los sectores más pudientes. (Mayra Brea, 2008: página 12).
Así también se puede
apreciar en las estadísticas del número de homicidios ocurridos y registrados
en el país desde el 2007 hasta el 2012, publicada en el portal web de la
Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la cual se aprecia el aumento
escalado de los homicidios en República Dominicana con la excepción del 2012
que tuvo un ligero descenso.
Grafico 2
Fuente:
Datos de la Oficina Nacional de Estadística, grafico confeccionado por el autor
En conclusión podemos ver por todo lo
anteriormente expuesto, como eventos ligados directamente a la Seguridad
Pública o Ciudadana pueden de manera directa o indirecta incidir en la
estabilidad de la Seguridad Nacional, de manera que cuando estos sucesos no son
efectivamente manejados escalan poniendo en riesgo la firmeza del Estado.
En prevención a que estos factores
desestabilizantes escalen, el ordenamiento jurídico dominicano establece
medidas como la que presenta la Constitución de la República en su Capítulo I,
Art. 252, numeral 2), en la que literalmente establece lo siguiente:
“Las Fuerzas Armadas
podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la República
en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país,
mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de
la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos
excepcionales”.
Por consiguiente el uso de
las Fuerzas Armadas de República Dominicana en temas de Seguridad Pública o Ciudadana
queda justificado de manera legal y práctica, debido a que el poder civil
legalmente constituido haciendo uso de sus facultades legales y
constitucionales ha entendido que el uso de estas, evitaría la escalada de
ciertas situaciones de orden público y de seguridad ciudadana, como son el
crimen organizado el cual por su
magnitud a sobrepasado las capacidades operativas y de prevención de la Policía
Nacional.
En consonancia con el
párrafo anterior, el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro
Castillo, P.N. de República Dominicana declara en la portada del periódico El
Nuevo Diario de fecha 7 de febrero de 2014: “La seguridad ciudadana no es única ni
exclusiva de la Policía” en una clara
alusión que refiere, que todos los elementos de la sociedad y el Estado deben
estar involucrados en el tema de la Seguridad Ciudadana, sin dejar de lado, la
implementación de las Fuerzas Armadas Dominicanas en operaciones
de esta índole, ya que estas son una herramienta estatal para garantizar el
estado de libertad y derecho a los ciudadanos, misión que en la actualidad las
Fuerzas Castrenses han asumido con entrega y responsabilidad por mandato
presidencial avalado por lo establecido en la constitución dominicana.
Finalmente,
se puede apreciar según los casos presentados en este estudio en cualquiera de
los países de América Latina y el Caribe que han visto la necesidad de
implementar a sus fuerzas militares en misiones de Seguridad Pública y Ciudadana,
como también el caso de República dominicana, los resultados de dichas
operaciones han aportado tanto en estadísticas como en la percepción de sus
conciudadanos un resultado positivo, lo que evidencia lo atinado de la decisión
política en los procesos en que han sido adoptado.
[1] Este
término fue acuñado por el asesor presidencial Bernard Baruch, en un discurso
pronunciado el 16 de abril de 1947 (Juan Felipe Abaunza (2010), la Guerra Fría
Según Bernard Baruch).
[2] (http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-30632012000200010&script=sci_arttext),
(visitada el 23/01/2014).
[5] El Paraquat es el nombre comercial del
Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, un viológeno. El paraquat es usado
como un herbicida cuaternario de amonio. Es peligrosamente venenoso para los
humanos si es ingerido. (http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0262fact.pdf)
[6](Portillo, 2003) Las Maras o pandillas juveniles representan, sin duda, uno de los
fenómenos sociales más dramáticos de la historia reciente de El Salvador y
otros países del istmo centroamericano (Ramos, 1998). Las pandillas, conocidas
popularmente en algunos países como maras, suelen caracterizarse no sólo por la alta dosis de violencia que
ejercen entre ellos mismos y contra otras personas, sino también por la
complejidad de su estructura grupal y rápido crecimiento (Cruz y Portillo,
1998). A finales de la década de los 90, la policía salvadoreña estimaba la
existencia de 10 mil a 20 mil jóvenes pandilleros, esparcidos en la mayor parte
de las zonas urbanas y rurales del territorio nacional de El Salvador (Cruz,
2001). Varios estudios (Cruz y Portillo, 1998; Santa cruz y Concha-Eastman,
2001) señalan que estos grupos representan, por lo general, un fenómeno de
carácter masculino y juvenil, ya que las maras están conformadas en un 80% por hombres jóvenes y
adolescentes cuyas e edades rondan entre los 14 y los 25 años.
[7] Medidas de políticas
de seguridad pública: Mano Dura y Súper Mano Dura, (2009), Melissa Salgado.
[8]http://runrun.es/diploos/59115/las-fuerzas-armadas-y-la-lucha-contra-el-crimen-organizado-en-centroamerica-por-leopoldo-e-colmenares-g.html.(
visto el 3/2/2014)
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