POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA DOMINICO-HAITIANA. ESCRITO POR RAFAEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ

FUNDACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

(FUNDEIMES)

ENSAYO TITULADO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA DOMINICO-HAITIANA.

AUTOR:

RAFAEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ

CORONEL EJERCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA (DEM)

MÁSTER EN GESTIÓN DE SEGURIDAD, CRISIS Y EMERGENCIAS

SANTO DOMINGO, D. N.

AÑO 2016

NOTA ACLARATORIA:

“LAS OPINIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ENSAYO, SON

DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU AUTOR Y LA INSTITUCIÓN NO SE

SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON LOS CONCEPTOS EMITIDOS”.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA DOMINICO-HAITIANA. -

            Las políticas públicas de seguridad se relacionan con el desarrollo económico y social de los Estados, que se refleja en la mejora de la calidad de vida de las personas. En los últimos años la República Dominicana se ha encaminado a la realización de políticas y programas a la prevención de crímenes y delitos, y a la preservación de la integridad física y de bienes de los ciudadanos, basándonos en indicadores para la planeación y ejecución de las políticas públicas de seguridad y convivencia. Estas políticas de seguridad ciudadana han contribuido a la reducción de crímenes violentos (homicidios) en los centros urbanos principalmente, y se cree que las razones que más inciden, son el programa de emergencia 9-1-1, y las acciones focalizadas de las autoridades con el encarcelamiento de los líderes del crimen organizado.  

            En la zona fronteriza convergen fácilmente los conceptos de Seguridad y Defensa nacional con la Seguridad Publica o Ciudadana, porque al asumirse políticas de protección y controles fronterizos se contrarrestan amenazas que inciden en la Seguridad Nacional como los tráficos y crímenes transnacionales, a la vez que edifican una estructura de protección ciudadana constituyéndose junto a otras medidas gubernamentales en elementos de la propia Seguridad Pública o Ciudadana. La inmigración irregular y descontrolada pueden traer consigo elementos que pueden lesionar estas garantías, es por ello que nos abocamos al estudio de indicadores que nos permitan respetando la dignidad humana poder aplicar políticas de Seguridad efectivas para la nación y la convivencia. En la actualidad según las informaciones emanadas por la Procuraduría General de la Republica, las victimas haitianas ocurren en incidentes entre sí, principalmente en las provincias donde más habitan sus nacionales (Santiago y La Altagracia), esto debido al sistema de contratación o mercado laboral del turismo y la construcción. Además según datos estadísticos (Procuraduría General de la Republica, 2015), se visualiza que la presencia haitiana es de baja propensión al crimen, y a la incidencia en la in/seguridad ciudadana, ya que de un promedio (julio-diciembre 2015) de la población penitenciaria en la Republica Dominicana de 9, 480 internos, un 8.30 %, o sea 722 internos, corresponden a extranjeros (EE.UU, Unión Europea), y apenas un 5.57 %, o sea 485 internos de nacionalidad haitiana. No obstante, se entienden que algunos de los actos violentos o de conflictivos de los últimos tiempos han correspondidos a temas identitarios entre nacionales de ambas naciones, (R. Dominicana y R. Haití).

La relación dominico-haitiana históricamente ha girado en torno al conflicto, naturalmente justificado en los hechos históricos que implicaron invasiones (1801-1805), ocupación haitiana (1822-1844), conflagraciones (guerra de independencia 1844-1856), violencias fronterizas (Masacre del Perejil, ordenada por el Dictador Trujillo, 1937), en la actualidad existe una constante inmigración irregular a territorio dominicano motivada por razones laborales, inestabilidad política en el Estado haitiano, extrema pobreza de su territorio, una política migratoria y controles migratorios de itinerante ejecución que permiten la porosidad fronteriza.

La razón principal por la cual emigran los haitianos hacia la República Dominicana es búsqueda de un bienestar económico o mejor forma de vida, a través de la contratación laboral, por lo que de las 570.000 personas que trabajan en el sector agrícola, 18% son haitianos; de los 248.000 en la construcción, el 29% es haitiano, del comercio (5,4%), de la industria hotelera (3,7%) y la manufactura (2,6%), es haitiano; según la  Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI, 2012), de la Oficina Nacional de Estadísticas, (ONE). Durante los años comprendidos entre el 2000 y el 2014, la mano de obra haitiana aumentó en más del 440%, superando a la dominicana, que aumentó sólo un 35%; según Datos del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD), del Ministerio de Trabajo de República Dominicana. Las remesas procedentes de fuentes laborales haitianas se constituyen, en una vía que genera y representa desarrollo económico para el ingreso del Estado haitiano.

El flujo constante de inmigrantes haitianos hacia la Republica Dominicana  ha constituido una comunidad haitiana de más de  600.000 personas en el país (PNUD, 2010) y para otros más de un (1) millón de inmigrantes haitianos, según el Informe ATTALI (2010); durante el año 2015 se realizó el Plan de Regularización de Extranjeros, de los cuales solo 188, 000 haitianos calificaron en dicho plan, por lo que se deduce la gran cantidad de nacionales haitianos que habitan en suelo dominicano de manera irregular o ilegal. Según un levantamiento realizado por las autoridades del CESFRONT en el que detallan la siguiente proporción de habitantes haitianos en la zona fronteriza: Monte Cristi (445), Dajabon (2,601), Elías Piña (4,433), Independencia (3,034), Pedernales (2,129). 

No podemos hablar de delincuencia homologada a ninguna nacionalidad o descendencia alguna,  sin embargo algunos   hechos delictuales  en la zona fronteriza, ha llenado de una indignación colectiva a los ciudadanos dominicanos de la zona, nos referimos  a  la ocurrencia de muertes de dominicanos, brutalmente asesinados por nacionales haitianos en suelo propio, en circunstancias delictuales, situaciones que exacerban los ánimos y tocan fibras identitarias, en una zona de convergencia y antagonismo culturales, que mantienen latentes niveles de conflictividad.

     La convivencia en la zona fronteriza ante la ausencia de una estrategia nacional de promoción de una cultura de paz que involucre políticas públicas en ese sentido que mitigue la propensión a la violencia, permite la ocurrencia de situaciones conflictuales o violentas de forma ocasional. Las Políticas Públicas de corte cultural deben constituirse en medios creadores de una cultura de paz, que abarque desde la conflictividad hasta la aplicación de una filosofía de interculturalidad en todo sus análisis. La incidencia de la “violencia y la criminalidad” en la sociedad es un fenómeno complejo, en cuyo origen puede encontrarse, en la vulnerabilidad social, y dentro de esta, la pobreza y la exclusión social.

            Las deficiencias educativas, los bajos ingresos, la deficiencia de servicios de salud, altas tasas demográficas, la carencia de viviendas adecuadas, malos servicios públicos básicos. Unas intervenciones efectivas para reducir la vulnerabilidad social, mediante la reducción de la pobreza y la exclusión social es necesaria para que se produzca una “cultura de solidaridad y de intolerancia social” a la violencia y la criminalidad. Para que existan efectivas políticas públicas, es necesario las coordinaciones integrales, entre Gobierno Central, Legislativo, y Municipal.

Después de realizar análisis focalizados en las principales estadísticas de las  provincias de la zona fronteriza en el área temática de la in/seguridad pública o ciudadana y verificar los motivos de los “conflictos” que rayan con lo  identitarios,  responsables de actos de desorden público en varias ocasiones ya mencionados, hemos llegado a la conclusión de que, la aplicación de  políticas   públicas   en  la frontera  dominico-haitiana   incide  positivamente  en  la seguridad pública local y en la misma seguridad del Estado, siendo las políticas públicas según Corinne Laurre, autora del ensayo Analyser les politiques d”environnement, estas se constituyen en una concatenación de actividades, decisiones o de medidas coherentes en su intención tomadas principalmente por los actores del sistema político administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo. Por lo que nos abocamos a las decisiones correspondientes dentro de la intención de los integrantes del poder político administrativo de la nación dominicana y las de su par fronterizo Haití, a fin de reducir los niveles de pobreza, subdesarrollo y porosidad de los controles fronterizos, así como también cualquier otra situación que incida en la inseguridad pública de la región en cuestión.     

Es por ello que la Filosofía de la Interculturalidad se constituye en el lenguaje de entendimiento para la aplicación de estas políticas públicas en la zona Fronteriza Dominico-haitiana.  Esta nueva propuesta rompe con la confrontación histórica que, como norma en las relaciones de ambas naciones, han estado marcadas por los conflictos fronterizos; pero en el marco de la subsistencia y las demandas de la globalización, las nuevas relaciones implican el entendimiento, el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.

 En tal sentido con el diálogo como medio de entendimiento entre ambos lados de la frontera resulta más fácil, la aplicación de todo tipo de medidas que implican cooperación entre las comunidades fronterizas y sus autoridades nacionales, a fin de reducir situaciones que degenerarían en conflictos. En un ambiente de pobreza y escases material, las circunstancias resultan proclives al conflicto.

 La violencia, ya sea por acciones vandálicas que impliquen a nacionales haitianos o dominicanos involucrados en cualquiera de los tráficos ilegales transfronterizos, dígase carbón, drogas, armas, tratas de personas, etc., o simple delincuencia común  hechos que se diseminan entre las todas las provincias fronterizas, y que en ocasiones se tienen repercusiones nacionales, con aquellos hechos que como “pólvora” se encienden y se entremezclan con las razones históricas e identitarias, generando conflictos violentos de profundas diferencias culturales navegando en las palabras de los discursos contestatarias de ambas naciones.

 Hoy en día con el surgimiento de la filosofía de la interculturalidad  encontramos nuevas alternativas para la viabilidad de soluciones a situaciones de conflicto que implique naciones y culturas diferenciadas proporcionando medios de diálogo que faciliten acciones comunes de las autoridades nacionales y de sus propios ciudadanos no solo desde la simple tolerancia de culturas y pueblos (Kymlicka, 1996), sino más allá con la cooperación, la interacción que solo así y solo así, propicia facultades de aplicación de las medidas que no son más que Políticas Públicas que ataquen directamente  la pobreza material y cultural a ambos lados de la frontera.

Así como también el involucramiento de las agencias e instituciones en proporcionar garantías de seguridad a todos los habitantes a lo largo de toda la franja fronteriza. Los beneficios son de amplio espectro, no solo local; sino de connotación regional (Seguridad Pública) y nacional, incidiendo en el combate delictual transnacional que amenaza a la nación dominicana, favoreciendo a la Seguridad Nacional.

En casos especiales como las drogas, en el que sus actividades residuales implican pagos en especies, fomentando el micro tráfico y la delincuencia común en nuestros centros urbanos, o el caso de las armas ilegales de mayor uso en el crimen común ante la prohibición de estas, es decir que estas actividades transnacionales no solo afectan en lo local-regional; sino a todo el territorio nacional con sus efectos secundarios.

La aplicación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en la región fronteriza es crucial, a favor de los beneficios de todos los habitantes locales y nacionales. En relación dialéctica o total beneficio resulta ser más amplio dentro de la filosofía de la interculturalidad y la cooperación entre ambas naciones allanando el ambiente para las buenas relaciones inter-estatales. Por medio del diálogo en las comunidades fronterizas y un entendimiento dentro de las facultades de una filosofía de la interculturalidad se proporciona:

Mejorar los vínculos entre los actores, por lo que es necesario el entendimiento entre los actores económicos, sociales y políticos, en los ámbitos del mercado, el sistema político, la cultura y la sociedad. Por tanto, la concientización de los empresarios contratante de mano de obra inmigrante, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los grupos de la sociedad civil debe de estar dentro del mismo sistema de sensibilización de la problemática migratoria.

            Mejoramiento de las relaciones internacionales, con la cooperación de los actores internacionales como las Naciones Unidas, La Unión Europea, en procura de contribuir en programas objetivos no solamente con el aporte financiero; sino con las experiencias propias obtenidas, en la aplicación de políticas migratorias.

            Colaborar con la comisión mixta bilateral dominico-haitiana, existente desde el 13 de marzo de 1996, la cual ha venido realizando grandes contribuciones en el entendimiento de la problemática dominico-haitiana, sin embargo, es necesario la traducción de las planificaciones realizadas hacia el establecimiento de mecanismos técnicos que conlleven a su posterior ejecución.

            Relaciones con los organismos internaciones del ámbito migratorio y derechos humanos, para reducir los niveles conflictuales utilizados por los medios contestatarios, es necesario procurar mejorar la imagen del país en el plano internacional. No solamente los ámbitos oficiales, sino también los empresarios, empleadores, sindicatos, partidos y sociedad civil deben redefinir sus relaciones con la comunidad internacional, en virtud de fortalecer relaciones de cooperación, en procura de la aplicación de un clima de derechos generalizados, (PNUD, 2010).

            Respetando los márgenes fronterizos y los ámbitos soberanos dentro de las relaciones de países, debemos reconocer y establecer que se contribuye a la reducción de conflictos entre los Estados con el cumplimiento del derecho internacional entre las naciones, esto así regularizando la migración, como también fomentando la interculturalidad dentro de los grupos de inmigrantes que conviven en suelo dominicano, principalmente los inmigrantes haitianos a cuya problemática nos hemos referido.

            Acondiciona el ambiente, para la aplicación y eficacia de las acciones propias de las Políticas Públicas que requieren la interacción de las comunidades fronterizas y la colaboración de nacionales de ambas naciones y sus respectivas autoridades, aun con el respeto a sus intereses nacionales particulares.

            La formalidad en el comercio fronterizo dominico-haitiano: Un nuevo recorrido sin alto en el camino. La informalidad en el comercio fronterizo ha sido una antigua práctica desde época del colonialismo, que género grandes inconvenientes y conflictos, ante las medidas “proteccionistas” de la corona española. Estas situaciones devengaron en medidas drásticas como el despoblamiento de la zona fronteriza (devastaciones de Osorio 1601).

            Hoy en día el comercio es un instrumento de equilibrio en la empobrecida región, sirviendo como una de las pocas alternativas de subsistencia para los pobladores de ambas naciones que sobreviven de las mercancías de consumo o de las “migajas” de la actividad comercial que las redes de mercaderes proporcionan. Existen realidades insoslayables sobre la formalidad del comercio fronterizo. Las autoridades haitianas hablaban de 55 puntos comerciales en la frontera dominico-haitiana, (Juan del Rosario, 2014).

            Primero, una es formalizar dicha actividad conllevara grandes inversiones del Estado dominicano ante la realidad de un Haití sin instituciones que garantice dicho proceso. Segundo reducir la porosidad fronteriza implicaría un proyecto de nacional en procura de proporcionar la formalidad comercial. Tercero se necesitaría verdadera intención de los agentes comerciales, del Estado dominicano y la colaboración de las autoridades haitianas para anteponerse a la realidad de la preferencia de un mercado informal mucho más económico o barato.

            Sin embargo, el camino que las nuevas autoridades haitianas han elegido al procurar establecer controles a fin de lograr la obtención de divisas obliga a las autoridades dominicanas iniciar un recorrido sin alto en el camino, probablemente iniciaría con regulación de los informales mercados binacionales. Estas medidas traerían de paso la reducción de la “porosidad” fronteriza, fortaleciendo las instituciones, políticas de defensa, políticas migratorias y todas aquellas a fin a la seguridad nacional y publica.

Nuestra recomendación es la realización de un Plan de Seguridad Pública o Ciudadano en las áreas fronterizas con sus programas, que se apliquen a largo plazo e integrado a la forma de vida permanente de los habitantes de la zona. Dichos resultados no solo serían para la región; sino para todo el país, por la condición especial de zona fronteriza y sus repercusiones nacionales. Este Plan conllevaría todas las políticas y programas que posee el Plan Integral de Seguridad Ciudadana aplicado en las provincias de mayor incidencia del delito

Con atención especial al tema de la reforma penal y procesal, población carcelaria e infraestructura. Así como también a la aplicación de la nueva ley de naturalización (reconocimientos de nacionalidad) y sus consecuencias al conflicto de origen migratorio previendo planes de contingencias al respecto.

Al igual que el Plan Integral de Seguridad Ciudadano este Plan en el área fronteriza debe ser coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, a la vez que la Policía Nacional dirija la gestión de acciones de campo junto a los miembros de la Justicia de la región. Con un fuerte apoyo de las agencias gubernamentales apostadas en la frontera (Migración y Aduana), y de los Cuerpos Especializados de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), los miembros del Ejército. Cabe destacar el apoyo de los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP), en puertos fronterizos como Cabo Rojo en Pedernales y Manzanillo en Monte Cristi.

            La ejecución de manera masiva de políticas inclusivas de construcción de viviendas e infraestructuras para la agricultura comunal en toda la margen fronteriza a fin de detener el abandono de los pueblos fronterizos de parte de los dominicanos, espacios que luego son ocupados por haitianos. Situación que se agrava entre Pedernales y Elías Piña, con solo una presencia de dominicanos en un 10 %, el 60 % haitianos y un 30 % arrayanos (de ascendencia mixta). Estas políticas deben ser acompañadas de medios de producción agrícolas para proporcionar medios de subsistencias locales, (Oficina de Estadística Nacional, 2013), según esta, existe un total de 2,420 familias haitianas que viven ilegalmente en la frontera, en territorio dominicano

Para la ejecución de un proyecto de esta envergadura implica un compromiso de Estado, semejante a un proyecto de nación. Puesto que implicaría la afección de partes productivas sensitivas como son las industrias agrícolas y construcción que dependen de la mano de obra barata de los migrantes haitianos que serían regulados y controlados como parte del plan de seguridad pública.  De modo que esto implica un apoyo total de la nación con un verdadero compromiso político, social, económico, institucional, y ciudadano.

Desarrollar la confianza institucional de parte de la comunidad. Por otro lado, que se disponga que los recursos presupuestales estatales fluyan desde los centros   hasta los medios locales (ayuntamientos) y gobernaciones. Además, enfatizar interacción entre los miembros de las agencias involucradas con los medios civiles de los cabildos y gobernaciones sentados en las Mesas de coordinación de planes para la consecución de las Políticas Públicas. 

Debemos  iniciar la ejecución en  áreas específicas del desarrollo fronterizo  que incidan  masivamente en   la seguridad   reduciendo   conflictos en la zona, mediante el desarrollo de  los cabildos,  las organizaciones  comunitarias, la regulación de los mercados binacionales,  la implementación seria de controles internos  en las agencias responsables de la persecución de todos los  tráficos transfronterizos, la implementación de un sistema escolar con miras al desarrollo de carreras técnicas, asociado al nuevo concepto de tanda extendida. El fomento de la inversión financiera en el sector agroindustrial con participación binacional y una política fiscal que estimule las inversiones en la frontera de manera real y con garantías. De modo que las áreas específicas para el desarrollo fronterizo y la aplicación de políticas públicas que podrían incidir más en la seguridad y reducción de conflictos en la zona son:

•           Políticas Públicas en el ámbito comercial

•           Políticas Públicas Laborales

•           Políticas Públicas para estimular la agropecuaria

•           Políticas Públicas para servicios de salud, agua potable,

•           Políticas Públicas para fomento de viviendas

•           Políticas Pública Migratoria

Todas esas políticas públicas requieren de las condiciones de un ambiente propicio para su aplicación como lo son:

•           Fortalecimiento de los controles fronterizos dentro de la Políticas Migratoria

•           Responsabilidades al velar   la frontera con respaldo nacional.

•           Fomento de los valores de la honestidad y la responsabilidad como valor agregado a la operatividad

•           A esto se une la mejoría de los niveles de vida de los responsables fronterizos en los aspectos migratorios, custodia y la creación de las infraestructuras físicas y de equipos para los puntos de vigilancia y control. Etc.

•           Debemos acotar que la nacionalidad u origen no define una proclividad a la delincuencia.

•           Las políticas públicas migratorias deben fomentar la diversidad y la multiculturalidad como la nuestra, sino de personas que no respetan la ley.

•           Se hace necesario el control migratorio para contribuir en la lucha contra el crimen organizado. Siendo un fenómeno transnacional, que implica la cooperación internacional.

•           Todas políticas públicas deben conllevar una filosofía de interculturalidad, que implique la integración social de los inmigrantes y la inclusión de los habitantes fronterizos.

La República Dominicana y Haití han firmado Acuerdos Bilaterales bajo el diálogo de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, el problema migratorio, el intercambio comercial, la seguridad en la frontera, la situación del medio ambiente. A la vez se han firmado Protocolos de acciones seguridad entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y la Policía Nacional de Haití, para combatir en conjunto el crimen organizado, la delincuencia internacional, el narcotráfico, trata y tráfico de personas, armas, contrabandos, robos de vehículos, cuatrerismo, así como colaboración mutua ante desastres naturales.